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Hacia una reactivación urbana con diagnósticos de política pública en mano

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Foto: Nicole Herrero. Espacio público en el malecón de Puerto Vallarta, Jalisco, México.

A lo largo de los últimos ocho meses de 2021, RE-ACTIVA.MX ha identificado que diseñar y planear las intervenciones a nivel de calle debe ir más allá de la mirada urbana, así como  acompañar a profundidad a las autoridades subnacionales, que son las que efectivamente gobiernan el territorio y conocen de primera mano las necesidades que hay en él. En ese sentido, un componente fundamental ha sido el trabajo colaborativo entre bikeNcity y las autoridades de los quince municipios seleccionados para tener acompañamiento técnico como parte del proyecto. Un componente de este trabajo es el Diagnóstico de Política Pública Climática y de Movilidad que se realizó para trece de estas ciudades. Este ejercicio ha permitido identificar los mayores logros de la agenda urbana y de la movilidad sostenible a nivel subnacional, pero también los retos que aún deben abordarse para transformar las calles mexicanas sin obviar el contexto actual de vulnerabilidad climática. 

La realización de este diagnóstico inició a partir del diseño de una amplia encuesta, que se complementó con una investigación documental del marco institucional vigente, instrumentos normativos, mecanismos de financiamiento y acciones, planes y programas que llevan a cabo cada uno de los municipios analizados. Estos fueron San Pedro Garza García, Nuevo León; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Chetumal, Quintana Roo; Toluca, Estado de México; Actopan, Hidalgo; Gómez Palacio, Durango; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Atitalaquia, Hidalgo; Querétaro, Querétaro; La Paz, Baja California Sur; Manzanillo, Colima; Tizayuca, Hidalgo; y Acolman, Estado de México. Las respuestas a la encuesta fueron analizadas para desarrollar un documento de diagnóstico especializado en cada gobierno local, y con base en ello, hacer recomendaciones de política pública climática y de movilidad urbana sostenible. El resultado final encuentra su valor en la diversidad de problemas que se deben atender de forma particular, considerando las características geográficas, políticas, sociales y económicas de los municipios. No obstante, también fue posible identificar  las similitudes de los retos que los municipios diagnosticados comparten entre estos, así como ciertos avances en la materia de fortalecimiento y evaluación a nivel municipal.

Respecto al componente de marco institucional, se identificó que 46 % de los municipios encuestados ya cuentan con secretarías o direcciones orientadas a tareas específicas de la movilidad urbana sostenible, lo cual se observa como algo positivo. Sin embargo, también se encontró que aún existe una falta de coordinación con otras áreas, tanto del municipio como del estado, a las que también les compete involucrarse con la movilidad y el cambio climático. Por ejemplo, aquellas encargadas de temas relacionados con género o la gestión de riesgos ante eventos meteorológicos.

En relación con los instrumentos normativos, se encontró que la temporalidad de los instrumentos de planeación municipales está ligada a la vigencia de los instrumentos de planeación estatal, lo cual obstaculiza la implementación de acciones. Por ejemplo, la entrada en vigor de las leyes de movilidad estatales detona la armonización normativa de los reglamentos municipales en materia de tránsito o vialidad. Para el caso de los ayuntamientos que aún operan bajo una normatividad obsoleta, se recomendó acercarse a la autoridad estatal con la que puedan coordinar la actualización de conceptos y vigilancia en el cumplimiento de los plazos para reconocer el derecho humano a la movilidad y seguridad vial. Esto también se puede llevar a cabo con base en la autonomía con la que goza el cabildo municipal para poner al día cada instrumento. Paralelamente, se encontró que la integración de instancias de gobernanza, como los comités de desarrollo urbano o los consejos de participación ciudadana que preside el municipio, así como la cercanía con las comisiones del cabildo, son tareas de vinculación interinstitucional que se pueden fortalecer en el corto plazo y que pueden facilitar la operación en algunas áreas administrativas y de planeación. Por ejemplo, la gestión de residuos sólidos urbanos que favorezca la operación de las plantas de composta, basada en la previa autorización presupuestal por parte de la comisión de medio ambiente del cabildo, con base en la propuesta de las áreas operativas relacionadas (medio ambiente, parques y jardines) del municipio.

En materia de financiamiento lo más relevante por señalar es que sí existen iniciativas para autorizar programas de financiamiento orientados a la movilidad sostenible y al cambio climático a nivel local. No obstante, en la mayoría de las ocasiones los ayuntamientos priorizan la transferencia de recursos estatales, o incluso federales, frente a inversiones con recursos propios, lo cual significa que los mecanismos de recaudación local podrían fortalecerse y dedicarse así prioritariamente a proyectos de movilidad y cambio climático, con mayor libertad y efectividad, a diferencia de lo que normalmente permiten los recursos etiquetados originalmente a nivel estatal o federal. Por otro lado, todavía existe un gran desconocimiento sobre las formas en que los gobiernos subnacionales pueden acceder a financiamiento de la banca internacional de desarrollo.

Respecto a los programas, proyectos y acciones de los Planes Municipales de Desarrollo, destaca un hallazgo positivo en cuanto a la vinculación e integración de las acciones en materia de movilidad, con las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, por ejemplo, el Programa adopta un árbol en San Pedro Garza García o las reforestaciones masivas en Manzanillo a través del programa “Manzanillo menos dos grados”. La discusión y, en su caso, actualización de la estructura del Catálogo de Conceptos de Gasto para la inclusión de temas de movilidad y cambio climático son tareas pendientes para cada administración municipal entrante o en funciones. Esto permitiría fortalecer la aplicación de ingresos propios en acciones relacionadas y puede facilitar la rendición de cuentas durante la licitación de contratos de obra pública que se tenga contemplado celebrar con el sector social o privado.

Tal y como se observa en los documentos de diagnóstico entregados a cada municipio, los hallazgos anteriores son apenas el primer paso para abordar el panorama general y los desafíos específicos en materia de movilidad sostenible y cambio climático. Queda pendiente potenciar aquellas acciones tanto de política climática como de movilidad urbana sostenible que ya se realizan en el sentido correcto desde administraciones anteriores. Creemos firmemente que este producto resultado del acompañamiento de RE-ACTIVA.MX tiene el deber de seguir construyéndose. Si bien, se ofrecen a las y los funcionarios públicos algunas recomendaciones a corto plazo, también confiamos en que las de mediano y largo plazo puedan difundirse internamente e identificar las que crean de mayor utilidad. Para esto último, se recomienda organizar mesas de trabajo en conjunto con aquellas regidoras y regidores que estarán integrándose a las comisiones relacionadas con movilidad, medio ambiente y cambio climático desde el nuevo cabildo.

Con la reciente reforma (2020) al artículo 4° constitucional en materia del derecho a la movilidad y la seguridad vial, acompañada del derecho humano al medio ambiente sano, los gobiernos locales reúnen más y mejores facultades para convertirse en protagonistas del diseño y la construcción de ciudades equitativas, seguras, sostenibles y resilientes para la gente. Los efectos de la crisis climática actual representan uno de los mayores desafíos para los gobiernos subnacionales de México. Derivada del nivel de vulnerabilidad social que suponen dichos efectos, la actualización de los instrumentos de ordenamiento ecológico representa una inmejorable oportunidad para que los municipios regulen el uso de suelo, preserven las áreas de valor ambiental con ubicación urbana o periurbana, y reconsideren la presencia de ciertas actividades productivas que, por su naturaleza, tienen un impacto negativo directo en su territorio.

En el marco de la crisis climática y medioambiental que enfrentamos actualmente, así como de la urgencia que esto genera por pensar y construir ciudades para la gente, RE-ACTIVA.MX es un proyecto inédito en México. A través de financiamiento climático internacional del programa México-UK PACT y con el apoyo permanente de instancias federales como lo son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), RE-ACTIVA.MX aspira a lograr un impacto positivo en el corto, mediano y largo plazo con base en la implementación de proyectos en las calles de nuestro país.

Disclaimer: Las opiniones expresadas en esta entrada son opiniones de la(s) persona(s) autora(s), no una posición oficial de UK PACT.

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Camila Herrero

Camila Herrero es Maestra en investigación en Geografía Urbana y Económica por la Universidad de Utrecht, Holanda. Trabajó con el gobierno de Ciudad de México como encargada de la coordinación e implementación de proyectos de infraestructura verde y transición energética.

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José Arévalo Lomelí

José Arévalo es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con un posgrado en Derecho y Gobernanza Ambiental por la Universidad de Guadalajara. Trabajó para el gobierno federal mexicano en el facilitamiento del proceso de diálogo para la redacción del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2019-2024.

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