Tras lo aprendido ante el COVID-19: infraestructura emergente para la seguridad vial

A lo largo de la historia ha existido una relación entre el diseño urbano y la salud pública. Las pandemias de la peste negra, la tuberculosis y la colera generaron cambios sustanciales en el diseño de las ciudades y de los servicios públicos en ellas. De la misma forma, la reciente contingencia sanitaria ocasionada por COVID-19 trajo consigo nuevos retos para el transporte, la movilidad y la salud. Durante el último año, los grandes centros urbanos tuvieron el gran desafío de generar sistemas de transporte para una movilidad segura, sin aglomeraciones, que permitiera el traslado de todas las personas que no podían ejercer sus labores remuneradas desde casa. Ante esta situación, muchas ciudades del mundo optaron por lo que hoy conocemos como infraestructura emergente, una instalación rápida, de bajo costo y de alto impacto que se constituye de varios elementos para redistribuir y mejorar el espacio público para una movilidad segura y con sana distancia entre todas las personas usuarias de la vía, principalmente de peatones y ciclistas.

La aparición de ciclovías emergentes ofreció alternativas para garantizar traslados seguros para las y los usuarios del transporte público, generando nuevos corredores ciclistas que atendían la demanda de viajes en la ciudad. En Bogotá, por ejemplo, el alcalde añadió 84 kilómetros de nuevos carriles emergentes para bicicletas a la red ya existente, en el contexto de la promoción del uso de medios de transporte que redujeran las aglomeraciones y el contacto entre personas. Por otro lado, las calles peatonales emergentes y la ampliación de banquetas y aceras permitieron reactivar económicamente los centros históricos con mayor velocidad. Un ejemplo de esto fue Ciudad de México, donde se habilitaron 11 calles flexibles, donde se amplió el espacio peatonal hasta la mitad del arroyo vehicular, y 30 calles peatonales emergentes, que posibilitaron traslados y lugares para estar al aire libre, creando una nueva redistribución del espacio público y dando un nuevo uso a las calles antes dominadas por los automóviles.

La infraestructura emergente ha demostrado ser una respuesta óptima para la resiliencia urbana y económica. Además, con su instalación se ha logrado obtener nueva información y evaluar sus impactos, permitiendo generar ajustes necesarios y la búsqueda de recursos para conseguir su implementación permanente, una situación cada vez más concurrida que ha generado casos de éxito en diversas ciudades mexicanas como en Guadalajara, Zapopan, Torreón, San Nicolás de los Garza, entre otras. Estas acciones permitieron dar una respuesta oportuna ante la contingencia sanitaria por COVID-19, sin embargo, también pueden funcionar en otras situaciones de crisis, como en las acciones posteriores a un sismo o en caso de inundación u otro evento que ponga en entredicho a los sistemas de transporte en las urbes. Sumando todas estas experiencias, se antoja pensar en las infraestructuras emergentes como herramientas que no solo se utilicen ante las crisis que emergen, sino como apoyo para diagnosticar, mapear y ejecutar acciones concretas ante las crisis que han perdurado en las últimas décadas, como lo son las muertes y lesiones graves ocasionadas por los incidentes viales, un problema de salud pública reconocido por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia silenciosa y desatendida.

El gran problema que aqueja la salud pública de nuestras ciudades es que, a través de su diseño, se han priorizado traslados de automotores a gran velocidad, lo que impacta de manera negativa a todas las personas que viven, disfrutan y se mueven en el espacio público. Atender de manera sistémica esta realidad no es una tarea sencilla, pues involucra voluntad política, procesos robustos de socialización y grandes presupuestos para el rediseño de nuestras calles. En este sentido la infraestructura emergente puede jugar un papel importante para mitigar ciertos riesgos viales y promover usos del espacio más justos, seguros y sostenibles.

Ante la imposibilidad de que las autoridades gestionen amplios recursos económicos para una transformación completa (y su socialización) de los Centros Históricos, imaginemos la aplicación de calles peatonales emergentes durante los fines de semana, como lo hicieron Ciudad de México y Mérida en los momentos en que el semáforo por COVID-19 se mantuvieron en las peores fases. Imaginemos estas actividades con un monitoreo de aforos, de impacto económico, de redistribución del espacio para el comercio, de mejoras en la calidad del aire, de percepciones de las y los habitantes, etcétera. Ante las resistencias vecinales y las altas velocidades en nuestras avenidas, repensemos como la instalación de ciclovías emergentes puede ser un proceso de gestión de territorio para la futura implementación permanente de nuevas rutas ciclistas, que garanticen traslados seguros de baja velocidad. Así, este tipo de proyectos (que perfectamente podrían ser parte de las que conocemos como intervenciones de urbanismo táctico) pueden ser un primer paso para la gestión de las velocidades, el levantamiento de información, la gestión adecuada del territorio, la socialización y la recuperación de espacio para una movilidad peatonal y ciclista segura. ¡Venga!, pueden constituir una herramienta poderosa y complementaria para la gestión paulatina de la seguridad vial.

Ante la actual contingencia sanitaria, es momento de reivindicar el espacio público, mirar hacia futuros posibles donde las y los ciudadanos cuenten con opciones de transporte eficientes y seguros. La infraestructura emergente puede ser una vía para esta transformación si se hace de manera sistematizada y con el objetivo de que permanezca.