En la administración pública, la nueva pandemia trae viejas soluciones de movilidad

Los sistemas de transporte y las calles como espacio público son materias que, a pesar de su importancia para el bienestar y desarrollo económico del país, han quedado rezagadas por años. La llegada del Sars-Cov-2 (COVID-19) las confirmó entre las grandes perdedoras, a pesar de que los datos dicen que, si se toman las medidas adecuadas, el transporte público no es riesgoso ni para las personas usuarias ni para quienes lo operan (se sugiere consultar el Tomo II de la Guía para la implementación de la Estrategia Movilidad 4s: Guía para los servicios de transporte y gestión de la demanda de viajes). Y la evidencia demuestra que la posibilidad de transmisión del virus vía aerosol (suspensión en el aire) ha sido significativamente menor en el espacio público que la causada por contacto cercano.

Ante esta situación, resulta vital la labor y solidaridad de las autoridades nacionales, subnacionales y sectores interesados, de difundir información útil y fácil de interpretar sobre aquello que nos pone en riesgo. La publicación de la “Estrategia Movilidad 4s” y de los tres tomos de esta guía para facilitar su implementación, se sostuvieron sobre estos dos grandes objetivos: la movilidad en el espacio público y en las calles. Bajo los marcos normativos internacionales y nacionales de vanguardia, se facilitaron los lineamientos para catalizar la respuesta del estado ante las necesidades de movilidad de las personas que no pueden parar, a pesar de las recomendaciones de quedarse en casa, debido a nuestro contexto social y económico, así como ante la incesante necesidad de distribuir bienes y mercancías.

El objetivo de movernos de una forma saludable, segura, sustentable y solidaria nos ha unido a pesar de nuestras diferencias. Respetando las atribuciones de cada orden de gobierno, se ha logrado contar con el liderazgo, coordinación, manejo de información y movilización, tanto de equipos de respuesta, como de recursos financieros para implementar infraestructura y operativos emergentes en diversas ciudades del país. Fue posible generar y reforzar capacidades técnicas en materia de movilidad, en un trabajo interdisciplinario y multisectorial, que involucró a los sectores de salud, territorio, medio ambiente y comunicaciones y transportes, en coordinación con el Instituto Nacional del Federalismo (Inafed).

Gracias al acompañamiento de la oficina en México de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y en alianza con más de cien organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, junto con la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en alemán), la Embajada de los Países Bajos en México y Vital Strategies, fue posible acompañar desde la federación a diversos gobiernos locales en el diseño técnico de ciclovías emergentes y de acciones a favor de la movilidad en el transporte público, así como de técnicas de gestión territorial para facilitar el cambio de paradigma sobre el uso de la calle en la etapa más crítica de la pandemia. Se benefició a ciudades como Guadalajara, Jalisco; León, Guanajuato; Torreón, Coahuila; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Mérida, Yucatán; Xalapa, Veracruz; Solidaridad, Quintana Roo; y Ciudad de México.

Gobiernos locales de todo el país se colocaron a la vanguardia implementando ciclovías emergentes, acelerando la implementación de infraestructura permanente en el espacio público a favor de la movilidad de peatones y ciclistas, o asignando presupuesto a la supervisión de las concesiones del transporte público, demostrando que la reasignación estratégica de recursos propios puede beneficiar a las personas usuarias de las vías de una manera más costo efectiva. En este caso se benefició a los gobiernos de Guadalajara, Jalisco; Hermosillo, Sonora; Miguel Hidalgo, Ciudad de México; Puebla, Puebla; San Pedro Garza García, Nuevo León; Azcapotzalco, Ciudad de México; San Luis Potosí, San Luis Potosí; y Zapopan, Jalisco; entre otros.

Estas acciones nos han ayudado a atender la reiterada petición de contar con una política nacional de movilidad, llegando a actores que no habían reflexionado sobre la complejidad del problema, sumándose estos a la lucha y solución. Somos conscientes de lo mucho que aún falta y seguiremos insistiendo hasta verla implementada. El tamaño y la complejidad del reto al que nos enfrentamos requiere de una reflexión colectiva y global que analice de manera profunda la manera en la que lo hemos ocupado nuestro territorio y la inequidad que hemos generado en él. Incluyendo una mirada transversal de derechos humanos, género, seguridad vial y medio ambiente.

Con la campaña nacional de vacunación en avance y el regreso paulatino a las actividades, toca diseñar soluciones viables para que la movilidad de todas las personas sea segura y eficiente. Necesitamos darle la bienvenida a nuevas alianzas que nos faciliten pensar y diseñar acciones para afrontar de manera más eficiente esta y otras emergencias en el territorio. Hoy más que nunca necesitamos ser creativos para hacer lo que como estado no nos hemos atrevido a hacer. Resulta necesario redoblar esfuerzos para mantener activa nuestra economía y facilitar el goce del derecho a la movilidad, tal como lo mandata nuestra constitución política, independientemente del modo de transporte que se utilice y estando o no en pandemia. ¿Quién dice yo?