El rol de la legislación subnacional en el cumplimiento de los objetivos climáticos

En los últimos años ha crecido notablemente el reconocimiento de la importancia de la participación del nivel subnacional (regiones, ciudades, estados y municipios, entre otros) para el cumplimiento de los objetivos climáticos. Tal es así, que el Acuerdo de París, adoptado en 2015, en vigor desde 2016 y cuyo periodo de compromiso inició en 2020,  reconoce en su preámbulo la relevancia de todos los niveles de gobierno y de los diversos actores al hacer frente al cambio climático. 

Varios años antes, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) había estimado que entre 50 % y 80 % de las acciones de mitigación y adaptación necesarias para combatir el cambio climático son o serán implementadas a nivel de gobierno subnacional. Y es que los gobiernos subnacionales son responsables de la aplicación de políticas públicas en áreas que se encuentran estrechamente vinculadas con la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tales como movilidad, ordenamiento territorial, residuos, edificación sustentable, eficiencia energética y prácticas agropecuarias, por mencionar algunas. También son responsables de áreas relacionadas con la adaptación al cambio climático, como lo son protección civil, salud, gestión de la calidad del aire y del agua, educación, entre otras. En otras palabras, los gobiernos subnacionales son los implementadores directos de la política climática.

A pesar de las acciones para combatir el cambio climático derivadas del Acuerdo de París, las políticas actuales nos conducen a un incremento de la temperatura promedio del planeta por encima de los 3 ºC, cuando el límite que no podemos sobrepasar, también establecido en París, son los 2 ºC e, idealmente, 1.5 ºC. Por ello, ahora más que nunca, la aportación de los gobiernos subnacionales es clave no sólo para el cumplimiento de los objetivos climáticos, sino también para incrementar la ambición de estos.

En México, la Ley General de Cambio Climático (LGCC), publicada en 2012 y reformada en 2018 para incorporar los compromisos derivados del Acuerdo de París, establece las bases para la implementación de la política de cambio climático en el país. Al ser una ley general, distribuye las facultades que los niveles nacional (federación) y subnacionales (estados y municipios) tienen en la aplicación de las políticas públicas en la materia. Dentro de estas facultades se encuentra la elaboración de leyes subnacionales, a través de las cuales se puede regular con mayor especificidad cómo los estados pueden contribuir a la consecución de las metas nacionales, pero también globales, de acuerdo con sus propias necesidades.

Las legislaciones subnacionales en materia de cambio climático resultan fundamentales para la acción climática de los gobiernos subnacionales, pues les dotan de un marco claro para la implementación políticas públicas en la materia, fijan metas y objetivos, permiten la coordinación entre las diversas dependencias y actores relevantes, además de que favorecen la continuidad de la política climática más allá de los cambios de gobierno, entre otras cosas.

Aunque un primer gran paso es la promulgación de una ley en la materia, debido a las características de un fenómeno cambiante como el cambio climático, así como la evidencia creciente y los acuerdos internacionales que evolucionan, resulta crucial la actualización de estos marcos normativos. En el caso de México, la LGCC ha sufrido reformas recientes en las que, por ejemplo, se incorporan elementos importantes del Acuerdo de París. Igualmente, la actualización de leyes permite adaptarlas a las nuevas realidades en materia de emisiones, vulnerabilidad, coordinación institucional, registros, inventarios, mecanismos financieros, etc. Paralelamente, es de gran relevancia realizar un ejercicio de armonización con otras legislaciones sectoriales también subnacionales (en materia de movilidad, residuos, protección civil, etc.) a fin de integrar y coordinar de manera efectiva los esfuerzos de todos los sectores en la implementación de la política climática

Recientemente, Política y Legislación Ambiental AC (POLEA), tuvo la oportunidad de apoyar al Congreso de la Ciudad de México en la actualización de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México. Esta fue recientemente aprobada por lo que en Ciudad de México ya se cuenta con una legislación de cambio climático vanguardista y con un objetivo ambicioso de alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Adicionalmente, la nueva Ley establece por primera vez las bases para el desarrollo de una política de adaptación en la ciudad, garantiza el acceso a la información a través de la inclusión de un capítulo en materia de Transparencia Climática y establece el derecho a la educación ambiental para todas y todos.

En  materia de movilidad, con esta nueva Ley se supera el enfoque que la anterior tenía y en el que se hacía referencia exclusivamente al sector “transporte” para incorporar el de “movilidad y transporte”. Además, se establecen como objetivos específicos de la política de la Ciudad de México en materia de mitigación el incrementar la eficiencia, acceso y disponibilidad de transporte público masivo para satisfacer la necesidad de movilidad de la población; promover la movilidad activa y baja en emisiones, priorizando el uso del espacio público para el tránsito de peatones y la implementación de ciclovías; así como promover la sustitución de combustibles fósiles por otros de menores emisiones y sistemas de cero emisiones en el transporte público y privado.

El desarrollo de legislaciones subnacionales en materia de cambio climático, así como su actualización, resulta esencial para habilitar y potenciar la acción climática de estos gobiernos que, ante el panorama actual, lejos de ser una alternativa, es una necesidad urgente.