Política climática y movilidad urbana, la sinergia entre medio ambiente y desarrollo urbano

Las declaraciones realizadas por Naciones Unidas en los últimos años estimando que, para 2050, alrededor de 68 % de la población mundial vivirá en entornos urbanos, ha puesto en entredicho la forma en que se han desarrollado las ciudades en el último siglo. Sin embargo, nunca antes la agenda urbana había estado tan comprometida por mejorar la calidad de vida en las ciudades, como desde la firma del Acuerdo de París en 2016 y con ello, la responsabilidad de limitar la temperatura global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales. Cuando identificamos que las ciudades consumen casi 80 % de la energía mundial y producen más del 60 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), pero ocupan menos de 2 % de la superficie terrestre, resulta lógico que los esfuerzos por cumplir con este acuerdo internacional se vuelquen hacia la agenda urbana. A casi 5 años del Acuerdo de París, vale la pena cuestionar en países urbanizados como México, en donde más de 80 % de las personas viven en ciudades: ¿las agendas de desarrollo urbano y de protección ambiental han logrado sinergia en el planteamiento de sus objetivos?, y por supuesto, ¿cuáles son los retos para ver materializados los resultados?

Entre los múltiples fenómenos urbanos que deben atenderse desde la Agenda Urbano Ambiental se encuentra la forma en que se desplazan las personas en las ciudades. Esto, porque el sector transporte en el mundo contribuye con aproximadamente un cuarto del total de emisiones de GEI. En México, tan sólo el sector automotor contribuye con 22 % de estas emisiones. La propuesta general para el sector por medio de los instrumentos rectores de la política nacional mexicana en materia de cambio climático, como la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático o la Contribución Determinada a Nivel Nacional, ha sido que la transición energética hacia fuentes menos contaminantes, como vehículos eléctricos o no motorizados, contribuirá a la mitigación de GEI. Y, aunque este planteamiento resulta congruente con los esfuerzos por limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5°C, también es un punto de desencuentro con el deber de la agenda urbana, que en última instancia es hacer ciudades para la gente.

Desde hace varios años, quienes trabajan para las ciudades han hecho un esfuerzo importante por cambiar la narrativa “del transporte” por la de “la movilidad”. En Ciudad de México, por ejemplo, la ahora “Secretaría de Movilidad” llevaba por nombre “Secretaría de Transporte y Vialidad”. La diferencia radica en que cuando hablamos de transporte nos referimos implícitamente a vehículos, pero cuando hablamos de movilidad pensamos en las personas, porque las personas no nos trasladamos únicamente en vehículos, de hecho, caminar es nuestra principal forma de movilidad. Y qué pasa cuando desde la agenda de cambio climático se habla de transporte y no de movilidad: terminamos haciendo política pública enfocada en los vehículos y no en las personas, y limitamos el margen de acción de los gobiernos municipales, que son el primer frente a los efectos del cambio climático y la urbanización.

La realidad es que la mayor parte de la política pública nacional de cambio climático que atiende la forma en que se desplazan las personas en las ciudades, está formulada en torno a medidas de mitigación para reducir las emisiones de los vehículos y mejorar la calidad del aire. Poco se ha pensado en el amplio potencial que tienen las medidas de adaptación al cambio climático y su integración con las políticas de desarrollo urbano. Mitigar las emisiones de los vehículos motorizados es una estrategia factible para la política a escala federal, pero a nivel municipal no siempre se vislumbra como un escenario para las autoridades. Por la naturaleza de sus funciones y presupuesto, es importante que los gobiernos municipales tengan alternativas diversas para atender el cambio climático en materia de movilidad urbana. El reto está en traducir los logros de la agenda urbana, y la movilidad sostenible, a los propósitos de la agenda de cambio climático.

Cuando pensemos en cambio climático y movilidad, pensemos en cómo adecuar los proyectos ejecutivos de ciclovías para que integren el saneamiento del arbolado urbano, la mitigación de las plagas que habitan en él y se expanden con el calentamiento global; pensemos en la ampliación de sus minúsculos cajetes para aumentar la superficie de infiltración pluvial, generar microclimas y beneficiar con su sombra a quienes pedalean las ciudades. Cuando pensemos en cambio climático y movilidad, pensemos en que las licitaciones para obra pública integren el uso de materiales menos contaminantes. Cuando pensemos en cambio climático y movilidad, pensemos en la probabilidad de nuevas pandemias y la falta que nos hacen espacios públicos de calidad para enfrentar encierros como los que vivimos con el COVID-19. Pensemos en cómo la movilidad urbana sostenible es resiliente ante los desastres naturales, por ejemplo, pensemos en el rol que tuvo la bicicleta ante el sismo ocurrido en Ciudad de México en septiembre del 2017. El potencial de las sinergias entre la movilidad urbana y el cambio climático es igual a los retos que enfrentamos en las ciudades con la crisis ambiental.